La Comisión Europea propone se introduzca en los códigos penales la figura específica del grooming. Los ciberdelitos relacionados con el abuso a menores tendrán mayores penas y su investigación se extienderá fuera incluso del ámbito comunitario. No hará falta una denuncia para lanzar investigaciones de oficio y se eliminará la prescripción temporal de estos delitos.
En el caso de los abusos sexuales a menores, la CE propone que la pena parta de al menos 6 años de cárcel, y que en caso de agravantes (por ejemplo, si el autor es familiar de la víctima) alcance los 10 años, cifra que subiría a 12 si se pone en peligro la vida del menor. Actualmente, la pena armonizada en la UE es de entre un año y 6 de cárcel en caso de agravantes.
"El abuso sexual de menores tiene un alcance mucho mayor del que podría pensarse", afirma el comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, quien reconoce que entre un 10 y un 20 por ciento de los niños sufren ese tipo de abusos y sólo se denuncia un caso de cada cuatro.
Según las cifras de Bruselas, el número de sitios de internet con material de pornografía infantil se multiplicó por cuatro entre 2003 y 2007. Otra novedad de las propuestas es que los autores de abusos a menores en países de fuera de la UE podrán ser perseguidos judicialmente en territorio comunitario.
Además, no hará falta una denuncia para lanzar investigaciones de oficio y se eliminarán la prescripción temporal de estos delitos.
Dado el alto nivel de reincidencia entre los autores de estos delitos (en torno al 20%), las autoridades nacionales tendrán que hacer un seguimiento individualizado de los condenados por estos hechos para prevenir nuevos delitos.
En cuanto al tráfico de personas, la CE considera que cada año 500.000 personas son víctimas de este delito en la Unión Europea, y que el fenómeno afecta principalmente a mujeres y a niñas, sobre todo para prostituirlas o para explotarlas económicamente.
La Comisión propuso que las autoridades judiciales puedan actuar contra los responsables de esta práctica, incluso si los hechos fueron cometidos fuera del territorio comunitario, y también que se apliquen medidas legales similares a las empleadas contra el crimen organizado.
También aquí se pide que la pena máxima sea de al menos 6 años, y de 10 en los casos con agravantes.
En cambio, las víctimas no deberían ser sometidas a persecución por su estancia ilegal en el país, sino que gozarían de protección legal para que colaboren con la justicia.
Las propuestas serán examinadas por el Consejo de Ministros de la UE para su eventual aprobación.
El Ejecutivo comunitario aprobó estas propuestas a través de dos modificaciones de sendas decisiones marco, un mecanismo jurídico que se aplica para cuestiones de justicia e interior y que obliga a los Estados miembros a cumplirlas igual que las directivas.
Fuente: europasur.es
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